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Jueves, 19 de Octubre de 2017

El caso de “Alberto”

Os cuento la Historia de “Alberto” de “Alicante”.

Vivía en un barrio periférico, huérfano de padre, con un hermano y una hermana.

La familia se puede considerar disfuncional, no solo por la falta de uno de los progenitores sino también por dificultades económicas, existiendo un ambiente doméstico de autoritarismo y continua confrontación. Alberto parece ser la pieza débil del sistema familiar.

Con 20 años tiene un accidente de moto. Tiene lesiones en cara y sobretodo en un ojo. Quien lo atropella, carece de seguro.

A partir de ese momento comienza una etapa de pleitos perdidos en los que no consigue la compensación solicitada por las lesiones y la pérdida de su moto, lo cual le conduce a un estado de ansiedad y depresión que es el origen del tratamiento psiquiátrico que se limita a un tratamiento farmacológico. Del diagnóstico de depresión y por los malos resultados terapéuticos, se pasa a un trastorno esquizotípico o esquizofreniforme que es utilizado por Alberto y su letrado para reclamar más compensaciones por el accidente.

Según el letrado, los golpes recibidos en el accidente de moto, son el origen de la esquizofrenia que padece. Alberto hace suyo el diagnóstico, reconoce que se origina en el accidente y se apoya en ello para recibir compensaciones económicas. Imagino que ni el letrado ni Alberto eran conscientes de que nunca hay nada positivo en utilizar un diagnóstico psiquiátrico para conseguir ventajas…

El tratamiento con neurolépticos, las relaciones disfuncionales en la familia, las expectativas frustradas por la solicitud de compensaciones, hacen que las discusiones familiares acaben en el primer internamiento involuntario, alegando comportamiento violento -discusión familiar- para justificarlo. Como es habitual en muchos ingresos, lo “principal” es sedar al paciente para evitar su “peligrosidad” y reducir su “nivel de agitación”. En ese estado, incapaz para entender nada, no se le notifica ninguna resolución administrativa ni judicial y cuando llega la comisión judicial, su estado por los neurolépticos es tan lamentable que “resulta” evidente que el paciente ha de padecer una grave enfermedad mental, por lo que se valida el internamiento sin que Alberto pueda defenderse o delegar en alguien que garantice sus derechos.

Esta situación se repite al menos tres veces. El tratamiento involuntario con risperidona le causa sobrepeso, ansiedad y un aislamiento social, y comienza a recibir pensión no contributiva por incapacidad. Tras el último ingreso involuntario se impone el tratamiento con Xeplión inyectado. Se le entrega una resolución judicial sobre la obligatoriedad del tratamiento sin que antes se hubiese dado audiencia a Alberto para defenderse ni recibe información o asistencia alguna para presentar recurso. El tratamiento con Xeplión se alarga por cuatro años y los problemas sexuales (impotencia, hipogonadismo y ginecomastia) motivan una visita al urólogo que tras analítica confirma un descenso de testosterona y un aumento de prolactina. Alberto pesa ya 140 kilos y tan solo recibe tratamiento farmacológico sin ningún apoyo a través de terapia personal o familiar, sin actividades formativas, de apoyo o de ocio, cada vez más aislado familiar y socialmente.

Después de tres años en tratamiento con Xeplión iniciamos un procedimiento de revisión de diagnóstico y tratamiento que no resulta en nada pero que da pie para que iniciemos una reclamación patrimonial contra la Consejería de Sanidad. La Consejería elude entregarnos el historial médico y dar cualquier tipo de explicación por el momento.

Solicitamos entonces el expediente judicial de internamientos involuntarios que conseguimos sin “demasiadas” dificultades. Conociendo los números de expediente presentamos escrito ante el juzgado que, una vez que procede cada seis meses la renovación de la medida, tiene a bien notificarnos como parte en el procedimiento (cuatro años después de iniciarse).

Visto el informe médico que se resume en un “conviene que continúe”, y el informe del Fiscal resumido en “no se opone a la continuación de la medida”, enviamos atento y respetuoso escrito a Su Señoría para que proceda de forma inmediata y preceptiva a reconocer al paciente y a que sea visto por el Forense adscrito al juzgado, todo ello en presencia de letrado. Su Señoría accede a lo solicitado y nos convoca a la sede judicial para que comparezcamos.

Lo primero que sorprende es que el Forense no tenía ninguna documentación clínica del paciente, ningún informe médico ni nada para justificar la solicitud del psiquiatra (4 años). Primero pasa el paciente al que le hace preguntas banales, ninguna solicitud de analítica, scaner, resonancia, eeg, etc. Ninguna batería de preguntas estandarizadas o test. Luego paso yo como letrado y me dice que “no conviene que el paciente relacione los síntomas como si fuesen efectos secundarios de la medicación”, a lo que se le replica que -los problemas endocrinos y síntomas que padece no son simulaciones ni delirios del paciente, pues se conocen como típicos y bastante habituales de los tratamientos con neurolépticos.

Con tan poca información clínica, el Forense dice que debido a su enfermedad deberá tomar tratamiento, a lo que este letrado replica que deberá tomar el tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades, el que consienta y el que más le beneficie. El Forense hace un gesto de duda… al que respondo diciendo: “el Xeplión no es la única alternativa terapéutica ni la mejor. Cualquier tratamiento pasa por informar al paciente y alcanzar un acuerdo con él”. El forense insiste “pero sin conciencia de enfermedad y si no cumple el tratamiento…”, a lo que contesto que “el trabajo del profesional de psiquiatría es convencer y ganarse la confianza del paciente, no escribir al juzgado para forzar tratamientos coactivos. Atar a un paciente en la cama es rápido y cómodo cuando lo que buscas es ahorrarte trabajo… pero esa no es la función que se debe hacer en psiquiatría”.

Me dice que va a pedir un informe completo al psiquiatra que ha planteado el tratamiento y nos vamos sin poder aportar al expediente nada más que unas pocas analíticas porque el psiquiatra envía tan poca información al paciente como parece que envía al juzgado.

A continuación pasamos ante Su Señoría. En una reunión rápida e informal en la Oficina Judicial, ante la Oficial del Juzgado, le pregunta al paciente sobre su estado, si es verdad que lleva siete u ocho años de tratamiento involuntario, que le diagnosticaron hace 23 años empezando con depresión, pasando luego a un diagnóstico de trastorno esquizotípico y acabando con esquizofrenia paranoide, ahora “indiferenciada”. Que el paciente ha solicitado segunda opinión, cambio de diagnóstico y tratamiento ante la Consellería. Queda constancia que el tratamiento que sigue es exclusivamente farmacológico, sin ninguna medida de inserción sociolaboral o tratamiento cognitivo-conductual; que ha pedido cambio de tratamiento pero que se ha hecho caso omiso a pesar de los efectos secundarios que padece…

Para casi finalizar, el letrado incide en los graves efectos secundarios, en especial el sobrepeso; que nunca se le ha hecho participar o se le ha informado de los procedimientos administrativos y judiciales que afectan a su pérdida de libertad y tratamiento coactivo, y que no se considera que sea una persona peligrosa, dando por terminadas las preguntas pues todo lo que se había preparado ya constaba en las preguntas y expresiones del forense y de Su Señoría. Nos despedimos de Su Señoría y pedimos copia de comparecencia que se nos da, no quedando más constancia de lo actuado que ello -ni notas manuscritas ni afirmaciones personales del Juez, como es costumbre-. La oficial del juzgado muy cortés y amable parecía triste… tenemos mucha gente así… mi hijo tiene déficit de atención… nadie sabe lo que es pasar por esto y como abusan de esta pobre gente… es muy difícil ayudarles pero hay gente en asociaciones que hacen un trabajo muy bueno…

Nos marchamos con el trabajo terminado y contentos, porque a pesar de lo incómodo que puede resultar para un Juez, un Secretario, un Fiscal y un Forense que un paciente comparezca con un abogado y  verse obligados a realizar los trámites con un mínimo de corrección, el haberlo conseguido nos parece un paso muy importante. Alberto estuvo en estado de pánico una semana antes de la vista e incluso antes de entrar, fuimos a una cafetería a tomar un botellín de agua. Volvió a decirme con angustia “en qué lío me estás metiendo”… Pero al final de la vista nos despedimos aliviados y contentos, a la espera de que muevan ficha, para volver a plantar batalla.

Luís de Miguel Ortega

 

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