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Jueves, 23 de Noviembre de 2017

El Ministerio de Sanidad y el de Hacienda enfrentados por los derechos a la información de los usuarios psiquiátricos

El Ministerio de Sanidad es el responsable de la seguridad de pacientes y consumidores y recae dentro de su ámbito de responsabilidades el funcionamiento de los sistemas sanitarios y farmacéuticos bajo principios de objetividad, servicio público y transparencia. Poco o nada sentido tendría -tiene-una sanidad “pública” al servicio de otros intereses. Pues bien, la transparencia de dicho ministerio deja mucho que desear. Por ejemplo: en el año 2007 un grupo de 137 mujeres presentaron demandas de responsabilidad patrimonial contra la multinacional farmacéutica Sanofi por las lesiones sufridas tras el consumo de un medicamento (Agreal). Finalmente estos casos se resolvieron en el Tribunal Supremo en el año 2014, pero tuvieron que transcurrir nada menos que siete años desde que se iniciaron las demandas hasta que el alto tribunal dictó sentencia favorable para estas mujeres. La mayor dificultad en e transcurso de estos pleitos fueron las trabas puestas por la Agencia Española del Medicamento, organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad,  a la hora de facilitar la información que se le solicitaba sobre ese fármaco.

Pues bien, ahora se nos presenta una magnífica oportunidad de acabar, o al menos debilitar notablemente este intolerable y antidemocrático oscurantismo del Ministerio de Sanidad. Y ello como consecuencia de las actuaciones legales que he llevado a cabo en el caso que sucintamente relato a continuación.

En Junio de 2015 fallece A.L.C. tras varios años de tratamiento involuntario con Xeplión. La familia denuncia en el juzgado el fallecimiento de su hijo, pero el juzgado hace caso omiso de la denuncia y no realiza diligencia alguna.

En octubre de 2015, se inicia un procedimiento de reclamación patrimonial con el objeto también de esclarecer lo hechos y determinar responsables, tras lo cual, después de un año y con mucho trabajo y esfuerzo, accedemos a la historia médica completa del paciente. La Administración sanitaria alega que el fallecimiento es casual, culpa del propio paciente y de su familia, acusando a su madre de boicotear el tratamiento, aparentar ser psicótica y no comprender la enfermedad de su hijo y la necesidad del tratamiento al que se resistían.

Es entonces cuando solicitamos de la Agencia Española de Medicamentos que nos entregue los prospectos, fichas técnicas, fichas de seguridad y datos en bruto de los ensayos clínicos realizados antes de la comercialización de una veintena de medicamentos distintos consumidos por ALC antes del fallecimiento, a lo que la Agencia Española de Medicamentos y la Dirección General de Farmacia se niegan, alegando que “esos datos no están a disposición de particulares ni asociaciones”.

Se inicia entonces un procedimiento de denuncia, ante la Comisión de Transparencia, organismo de la administración pública dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el objeto de que se obligue al Ministerio de Sanidad a entregarnos toda la documentación solicitada, sabiendo que de ello dependería que prosperase nuestro pleito sobre las responsabilidades por la muerte de don ALC. Sin esa documentación, difícilmente podríamos argumentar las causas del fallecimiento, la inexistencia del consentimiento informado válido y la ilegalidad del comportamiento de los médicos que lo trataron.

El Consejo de Transparencia resolvió la denuncia presentada, reconociendo el derecho a conocer toda la documentación solicitada y emplazaba al Ministerio de Sanidad a que la entregase en el plazo de 10 días, cosa que no hizo.

Lo que sí hizo en cambio el Ministerio de Sanidad, además de negarse a entregar la documentación, fue presentar una demanda contra el Consejo de Transparencia en la Audiencia Nacional. El objetivo de la misma es no verse obligados a tener que desvelar sus archivos en cuanto a la seguridad y eficacia de los medicamentos aprobados para su venta, como finalmente no les quedó más remedio que hacer en el caso Agreal.

No puede dejar de sorprendernos esta postura del Ministerio de Sanidad, puesto que dicho Ministerio es el garante de los derechos de los pacientes, como también lo es a través de los organismos de consumo, el garante de los derechos de los consumidores, como también es a través de los organismos de regulan la publicidad a los consumidores, el garante de que esa publicidad sea fiel, como también es responsable a través de la Agencia de Medicamentos, responsable de la calidad y transparencia del mercado de medicinas. Sorprende, por tanto, que la actitud de ese Ministerio sea la de ocultar información y presentar pleito en la Audiencia Nacional contra quien pretende conocer los “secretos” de los medicamentos. Todo un despropósito que afecta a la salud, la vida y la dignidad de millones de personas.

Los pacientes psiquiátricos, entre otros, tienen derecho a estar informados de la indicación, la eficacia y la eficiencia de los medicamentos que toman. Y más aún, si cabe, en los casos en los que esos pacientes están tomando esos  fármacos de forma involuntaria, pues sin esa información falla uno de los elementos esenciales de todo tratamiento y contrato profesional: el consentimiento válido basado en información veraz.

Si falta esa información veraz los tratamientos y las relaciones médico paciente se convierten en un fraude, en un engaño, en una burla a la inteligencia y la dignidad de los pacientes, y en un abuso que corrompe los más elementales cimientos de una sanidad pública en un país democrático basado en un estado de derecho.

En este pleito nos jugamos mucho todos los ciudadanos y pacientes de buena fe, y es una primera y única oportunidad para plantar cara a los abusos con el uso de diagnósticos y medicación psiquiátrica y evitar que cada vez que se tronque o pierda la vida de un paciente, las familias tengan que pasar por la humillación de ser vencidos por goleada en los tribunales de justicia.

Información de última hora: el Ministerio de Sanidad ha presentado ya la demanda contra el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, nº 8, con fecha 6 de noviembre de 2011. El posicionamiento del del Ministerio de Sanidad en dicha demanda, muy resumidamente, es:

1) El procedimiento iniciado por es nulo porque no se ha contado con la opinión de las farmacéuticas.

2) Las farmacéuticas tienen derechos y yo como Ministerio les voy a proteger sin contar con ellos y sin conocer su posición.

La respuesta jurídica que acabamos de dar al contenido de la demanda presentada por el Ministerio de Sanidad pueden leerla en Alegaciones_previas.

Luis de Miguel Ortega

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