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Análisis comparativo de las legislaciones de los países de la Unión Europea (UE) en materia de internamiento y tratamiento psiquiátricos involuntarios

Análisis comparativo de las legislaciones de los países de la Unión Europea (UE) en materia de internamiento y tratamiento psiquiátricos involuntarios

Autor: Luis de Miguel Ortega, abogado especializado en temas psiquiátricos

En esta ocasión quiero mostrarles una aproximación jurídica de la situación en la que se encuentran los procedimientos de internamiento y tratamiento psiquiátricos involuntarios en la UE, con el fin de establecer una comparativa que nos permita reconocer en qué punto de legalidad y de respeto a los derechos humanos nos encontramos en España.

Como todo estudio social, está plagado de sesgos derivados de la visión subjetiva y necesidades personales de los propios investigadores, así como de la imposibilidad lógica y material de establecer comparaciones complejas. Debemos entender por tanto los estudios y comparaciones como lo que son: meros ejercicios interpretativos de la realidad con una aplicabilidad muy limitada.

El estudio que sirve de base a este artículo es el patrocinado por la Comisión Europea en 2002. Hay otros estudios y comparativas pero he elegido este por su simplicidad y fácil lectura.

Lo primero que nos llama la atención es que tan solo tres países son —Grecia, Italia y España— carecen de legislación específica. Y ello pese a que en nuestro país ya en 1976 se instaura un debate doctrinal sobre la necesidad de una Ley Orgánica sobre esta materia. Y desde 2010 hasta la actualidad vienen repitiéndose los reproches de nuestro Tribunal Constitucional hacia el Legislativo. El resto de países tienen una legislación específica sobre materia psiquiátrica, pero en España no existe ley —sino un articulado heterogéneo, disperso e incoherente—, y mientras que en varios de esos países se prevé una mejora de su ya específica legislación, España se mantiene su posición de no enmienda.

El segundo punto a destacar es que tan solo ocho países describen el objeto y la necesidad de la ley, mientras que en el resto, los internamientos pueden producirse por cualquier causa y objetivo que se precise. Así, algunos países determinan la aplicación de la ley para el tratamiento de una enfermedad, mientras que otros lo hacen para lograr la rehabilitación e integración en la sociedad. En España, la pobre regulación que existe no menciona ni el objeto de la ley ni la causa del internamiento, sino que se pronuncia sobre una hipotética enfermedad que impida al paciente tomar sus propias decisiones.

Por otro lado, mientras que en trece de los estados de la UE se determina como prioridad que las medidas restrictivas de derechos sean las mínimas, sólo en dos —Francia y España— no se establecen ninguna prioridad ni preferencia de medidas no restrictivas. España también se encuentra en la lista de países que no establecen la necesidad de un seguimiento de los resultados del internamiento, ni tampoco de un seguimiento a posteriori.

Debemos separarnos un poco de este estudio respecto de la legislación de internamiento de menores porque en las fechas de este estudio, en España no había diferenciación alguna entre el procedimiento de menores y el de adultos, lo cual cambia con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en 2012 que se traspone a la Ley de Enjuiciamiento Civil y establece una serie de especialidades. En este punto, he de ser sincero advirtiendo que esta especialidad y la aprobación de la meritada Ley Orgánica, ha venido a salvar únicamente la ilegalidad formal (la mera forma de la ley) de los internamientos de menores, persistiendo la ilegalidad e inconstitucionalidad material y sustantiva de dichos internamientos que se ordenan y practican en España sin “orden ni concierto”, sin justificación y sin garantías, ante la pasividad -y complicidad-del Ministerio Fiscal.

La legislación española no distingue entre internamientos de enfermos que han cometido un delito, ni de los enfermos tutelados, ni de los que sufren una adicción, ni de los que sufren una discapacidad mental. Todo se mete en un gran saco, al contrario de lo que se lleva haciendo en la mayor parte de los países, pues resulta evidente que dentro del grupo de quienes precisan ayuda institucional, existen distintas tipologías que requieren un tratamiento singular o diferenciado.

El criterio de internamiento también varía de uno a otro país. Existen países en los que el internamiento solo es posible bajo un criterio de peligrosidad inminente, mientras que en otros cabe el internamiento también para aplicar un tratamiento necesario. En España solo se prevé el internamiento para la aplicación de un tratamiento pero sin que se establezca para qué tipo de enfermedades, ni el tipo de tratamientos a aplicar, ni el nivel de riesgo para sí o para terceros, lo que posibilita que se pueda internar a cualquiera para cualquier cosa sin la más mínima racionalidad o proporcionalidad, y dejando a pacientes y familiares en absoluto desamparo. Son estos y no otros los argumentos que apoyan la ilegalidad e inconstitucionalidad material de nuestras regulaciones.

En España para el ingreso involuntario basta con el criterio de un psiquiatra, que es sin reserva validado automáticamente por el forense del juzgado y, a continuación, por el Juez sin la más mínima gestión.. La intervención en España del forense, el Fiscal y el Juez es aparente y no real, no pudiendo el paciente aceptar, consentir o pactar los términos del internamiento o tratamiento involuntario una vez que se decide, ni mucho menos oponer resistencia. En trece países, el paciente tiene reconocida esa capacidad para consentir y para oponerse. Por todo ello cualquier comparativa con otros países sería ficticia en este aspecto

Para acabar debemos apreciar el periodo de tiempo por el que una persona puede ser privada de libertad por una razón psiquiátrica. La mayor parte de los países de la UE reconoce la legalidad de la privación por términos prorrogables de horas, en algunos casos por periodos semanales, pero nunca más de 15 días sin control y supervisión. En cambio en España la duración es indefinida, con revisiones -de mera apariencia formal- cada seis meses. Además, en España no solo no existe diferencia entre el procedimiento para internamiento involuntario y el necesario para tratamiento involuntario, sino que este último se lleva a cabo sin ninguna cobertura legal en base a analogías que nuestro propio ordenamiento jurídico prohíbe. Por ejemplo, se ordena un tratamiento involuntario como medida de “gracia” menos restrictiva de derechos que el internamiento, algo que en técnica jurídica repugna a cualquiera con un poco de conocimiento, dado que tanto los internamientos como los tratamientos involuntarios se realizan sin el consentimiento informado y válido del enfermo, familiares o defensor por él designado.

Como podemos apreciar, a pesar de la variedad de sistemas y configuraciones legales en la Unión Europea -ninguna de las cuales podemos considerar “perfecta”-, lo que sí es cierto es que el vacío legislativo y moral de España nos sitúa con diferencia en el final de la cola junto con Grecia. Lo grave es que esta situación debe ser subsanada por nuestro legislativo que muestra muy poca voluntad y conocimiento, y con un sistema judicial de espaldas al ciudadano, por lo que si la sociedad civil no es capaz de dar visibilidad a esta realidad, poco o nada cambiará en las próximas décadas y permaneceremos bajo la aplicación de una legislación de 1931.

Mapa de puntuaciones relativas:
País con más garantías: 33 puntos, Austria
País neutro: cero puntos, Francia
País con menos garantías: -13 puntos, España

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