Asociación Nueva Psiquiatría · Por un nuevo modelo en el sistema de salud mental

Deficiente legislación actual sobre inimputabilidad por enfermedad mental

La legislación sobre inimputabilidad por enfermedad mental está constituida fundamental y básicamente por al artículo 20 de nuestro Código Penal, que dice textualmente “Están exentos de responsabilidad penal:

1º. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o  actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.”

Los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de esté artículo se refieren a supuestos diferentes al de anomalía o alteración psíquica, por lo que no entraremos en su análisis.

El término trastorno mental transitorio fue introducido en la reforma de 1932 a instancias del psiquiatra Sánchez Banús para sustituir situación de inconsciencia, alegando este psiquiatra que conciencia es un concepto difícil de precisar.

La legislación española considera causa de no imputabilidad todas las psicosis, tanto las crónicas como las agudas, siempre que en el momento del acto impidan al sujeto comprender la ilicitud o le priven de voluntas para actuar en consecuencia. Basta, por tanto, que los peritos, puedan determinar la incapacidad cognitiva o volitiva en base a síntomas tales como alucinaciones i ideas delirantes.

Ahora bien, tener alucinaciones y/o ideas delirantes no es sinónimo, en absoluto, de incapacidad intelectiva o volitiva, como tradicionalmente viene admitiendo la legislación penal española. Analizaremos esta cuestión detalladamente más adelante, pero avancemos ahora que es de sentido común que yo puedo tener alucinaciones con la correspondiente convicción delirante sin que ello implique para nada alteración alguna de mi capacidad cognitiva y volitiva.

Por ejemplo: a mí se me puede aparecer todas las mañanas la Virgen de los Desamparados y decirme: “sé bueno en el día de hoy”, y yo estar plenamente convencido de la realidad y veracidad de esa alucinación audiovisual, sin que por ello mi capacidad para entender lo que es ilícito, o mi voluntad para obrar en consecuencia, resulten afectadas en modo alguno.

Por el contrario, puede ser Lucifer quien me exhorte cada mañana a obrar mal, sin que tampoco esta vivencia alucinatorio-delirante interfiera para nada en mi cognición y/o volición: si cometo un delito es responsabilidad mía y no del Maligno.

Los dos ejemplos de estados alucinatorio delirantes indicados son el pan nuestro de cada día en la vida en las biografías de los Padres de la Iglesia sin que nadie haya puesto jamás en duda su capacidad de cognición y/o volición.

Es decir, un estado alucinatorio delirante por sí solo no indica nada acerca de la posible inimputabilidad de una persona, a no ser que concurran otras alteraciones psíquicas. Pero, antes de proseguir adelante con este complejo análisis, creo conveniente que el lector conozca alguna sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la que se declara no imputable al acusado por razón de enfermedad mental. A continuación del link donde se puede ver la sentencia:

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fgestordocumental%2Fuploads%2Fnacional%2FTEMERARIA%2520ALICANTE
.doc&ei=kHOxUoT4IMys7Qa5pIGoAQ&usg=AFQjCNHOYUNPGKJ-H53Iy2cgpclEA1rD5g

Resumen de la sentencia: Delitos de conducción temeraria (modalidad “suicida”), homicidio y lesiones. Dolo eventual y culpa consciente. Dolo de peligro y dolo de lesión. Diferencias a la hora de aplicar los arts. 382 y 138 del C. Penal. Se estima la eximente completa de anomalía psíquica por cometer los hechos el acusado en una fase de delirio en el curso de la esquizofrenia que padece. Aplicación de una medida de seguridad de internamiento.

En la sentencia del Tribunal Supremo ayer reseñada el acusado, diagnosticado de trastorno esquizoafectivo tipo bipolar hace años, conduce 14 kilómetros en sentido contrario por varias Autovías de la provincia de Alicante. Conducir un  vehículo, y más en sentido contrario al obligatorio, es una tarea complicada que requiere mucha atención a fin de evitar una colisión. De hecho el acusado logró esquivar todos los vehículos mientras el tráfico no fue muy fluido. Este nivel de atención supone un estado de conciencia preservado, es decir, el sujeto conserva la orientación alopsíquica (conoce perfectamente el tiempo y el espacio en el que está actuando), así como la orientación autopsíquica (sabe a quién es él mismo). Las supuestas alucinaciones e ideas delirantes que se alegan en la sentencia de inimputabilidad no le impiden en absoluto conocer que está cometiendo un delito ni tampoco impiden que su voluntad obre en consecuencia para evitarlo. Buena prueba de que tenía conciencia clara de su punible actuación es que al final de su perversa , y viendo los resultados mortales de la misma, conducción exclama: “¡Dios mío, qué es lo que he hecho.” Leer:

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/11/alicante/1265909040.html

Las sentencias de los tribunales se acatan pero no tienen por qué ser compartidas por todo el mundo. Más allá de si el Tribunal Supremo acertó o se equivocó al dictar la no imputabilidad de este conductor, lo que nos interesa resaltar es el hecho siguiente: mientras la legislación al respecto siga siendo tan imprecisa, y sea suficiente alegar que el sujeto actuaba bajo la influencia de alucinaciones y/o ideas delirantes sin necesidad de precisar cómo afectaba ese estado alucinatorio-delirante a su conciencia, mientras se mantenga esta imprecisión, digo, psiquiatras, forenses y jueces procederán a ingresar con carácter forzoso a cualquier persona con antecedentes diagnósticos de psicosis ante la más mínima duda de si en ese momento su psicosis puede estar activa. Y es explicable que actúen de esa forma pues, de no haberle ingresado y si comete un acto delictivo, siendo él inimputable se podría imputar a quienes no lo han ingresado. Es lo que podríamos denominar un ingreso psiquiátrico forzoso de carácter defensivo, es decir, realizado por la necesidad de los profesionales de las consecuencias de no efectuar tal ingreso.

Por tanto, lo que motiva el ingreso forzoso defensivo no es tanto que lo requiera la evidente patología del paciente como la sospecha de que puede tener esa patología y la consecuente necesidad del profesional de protegerse. Estos ingresos forzosos defensivos son el pan nuestro de cada día en todas las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica de nuestro país.

Y aquí radica el mal que atenaza y pervierte la psiquiatría, obligándola a actuar en muchos casos en contra de la voluntad de un paciente que casi con seguridad no requiere ese ingreso ni ese tratamiento. De este simple hecho derivan la mayor parte de los males de esta especialidad médica. Hospitalizar a una persona y hacerle tomar potentes antipsicóticos en contra de su voluntad no sirve generalmente para nada. De hecho, los pacientes así tratados suelen convertirse en psicóticos crónicos que, con el paso del tiempo, acaban en instituciones psiquiátricas donde viven como seres cosificados.

Mientras la psiquiatría no se libre de los ingresos psiquiátricos forzosos de carácter defensivo seguirá siendo considerada una disciplina represora al Servicio, no del paciente, sino de los requerimientos socio-legales.

Y terminar con este problema es algo tan sencillo como precisar un poco más en el artículo 20 del Código Penal las alteraciones psíquicas que ha de presentar el sujeto en el momento de cometer el acto delictivo. Por ejemplo, sería suficiente con que dicho artículo dijese: “”Están exentos de responsabilidad penal: 1º. El que al tiempo de cometer la infracción penal se pueda demostrar que, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, presentaba un grado tal de alteración de la conciencia que le impedía comprender la ilicitud del hecho o  actuar conforme a esa comprensión”

Así redactada, la ley exige que los peritos determinen el estado de la conciencia en el momento de realizar el acto punible. Sea cual sea la definición de conciencia que la ley prefiera escoger, pues hay muchas, los psiquiatras y neurólogos, mediante las oportunas entrevistas clínicas, no tienen dificultad para determinar en qué grado se hallaba afectada la cconciencia del sujeto en ese momento.

Por ejemplo, en el caso del conductor “kamikaze” es obnivio que estaba orientado en el tiempo y en el espacio (conciencia alopsíquica conservada), y además sabía quién era él (conciencia autopsíquica conservada). Por tanto, no se daba en ese momento estado confusional alguno que, de estar presente, sí que podría limitar la capacidad cognitiva y/o volitiva.

Analicemos un estado confusional que todos conocemos: el que se produce cuando estamos soñando. En el sueño se producen alucinaciones e ideas delirantes como en cualquier psicosis, pero además manejamos el tiempo y el espacio de manera ilógica y mezclamos vivencias de épocas pasadas de nuestra vida con otras pertenecientes al presente. Lo mismo hacemos con el espacio: tan pronto estamos en la habitación de nuestra infancia como en la actual. Mientras soñamos, por tanto, hay un estado confusional que viene determinado por la desorientación temporoespacial propia de la actividad onírica. Se entiende, por tanto, que a una persona en estado onírico (sonambulismo, estado crepuscular epiléptico, etc.) se la pueda declarar inimputable, aunque no tendría por qué ser necesariamente así, pusto que pese a estar soñando puede conservar la capacidad de comprender si obra bien o mal y la capacidad volitiva de obrar en consecuencia. De hecho, en la mayoría d nuestros sueños sabemos si lo que hacemos está bien o mal.

Nuestra propuesta, por tanto, es que sólo cuando el sujeto esté en un estado confusional de conciencia lo suficientemente intenso como para privarle de su capacidad cognitiva y/o volitiva, sólo en esos casos puede ser declarado inimputable.

Con esta simple medida se eliminarían el 100% de los ingresos forzosos defensivos, ya que ante un enfermo confuso nadie tiene la más mínima duda en ingresarlo para tratar lo antes posible su alteración de conciencia. Ningún psiquiatra ingresa a un enfermo confuso por miedo a que le imputen a él los actos de esa persona, sino porque necesita tratamiento urgente. Pero esto es bien distinto cuando se sospecha una psicosis: aunque no esté seguro de que la misma esté activa en ese momento, ingresa al paciente por temor a que pueda tenerla y luego ser él el responsable de sus actos.

En resumen: no debería ser suficiente tener síntomas psicóticos para ser declarado inimputable, sino que además habría que exigir que esas manifestaciones psicóticas sean lo suficientemente intensas como para producir un estado confusional de conciencia.

Este artículo tiene un comentario

  1. He leido el artículo con atención. Es muy interesante.
    Quizás como jurista, echo de menos un análisis más concreto de los derechos que entran en conflicto en la ficción jurídica que es la inimputabilidad de personas con trastornos mentales.
    Entre otras cosas porque ni la doctrina ni la jurisprudencia, y mucho menos la ley, entran a valorar la situación de desamparo real y de indefensión que sufre la persona sobre la que recae el juicio de inimputabilidad por trastorno ni como esta ficción nace de las gemelas del 32 -la ley de vagos y maleantes y la ley de internamientos psiquiátricos de la II República-, no para dar garantías y protección al incapaz sino todo lo contrario.
    A nadie se le debe escapar que el imputado está sujeto a una serie de garantías procesales y sustantivas que el inimputable por trastorno carece. Una vez que se desata el juicio inimputabilidad, el acusado cae en manos de la arbitrariedad en tratamientos e internamientos involuntarios sin la más minima posibilidad de defensa ya que existe un total vacío en nuestra legislación.
    Sería un tema para debatir extensamente, pero quiero aclarar que mi comentario no es un acrítica a lo escrito sino una llamada de atención a cuestiones de importante profundidad jurídica ya que la inimputabilidad por trastorno no es un aprotección ni una garantía sino todo lo contrario.
    El enfermo mental precisa en la esfera de la jurisdicción penal, al menos tantas garantías de defensa, de recurso y de beneficios como cualquier otra persona imputable y la ulterior condena, debe regirse por los mismos procedimeintos de ejecución, control y revisión que cualquier otra independientemente de que esta se realice a través de un centro especializado.
    ¿Por qué el imputable, puede beneficiarse de asistencia letrada y un proceso con garantías de contradicción, medidas de reinserción, rehabilitación, suspensión y sustitución de penas, así como reducción del grado, mientras que el inimputable parace estar destinado de por vida a un tratamiento o un internamiento involuntario de por vida?

    Gracias

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